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Archivos Mensuales: diciembre 2010

Reprueban actitud de la PGR en caso San juan Copala sobre asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola

Enviado por ohernandez el 28 Dic 2010 – 01:12.

Ante el anuncio que hizo un juez de la Procuraduría General de la República de desechar la averiguación previa por los asesinatos del Alberta Cariño Trujillo y Jiri Antero Jacoola, asesinados en San Juan Copala cuando se trasladaban en una caravana de derechos humanos, organizaciones como el Centro de Apoyos Comunitarios Trabajando Unidos (Cactus), Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULT-I), se pronunciaron con iniciar una serie de movilizaciones ante lo que consideraron una violación a los derechos humanos.
En entrevista, Fernando Urbano Morales, presidente del Centro de Apoyos Comunitarios Trabajando Unidos (Cactus), dijo que esta actitud que asumió la PGR es un golpe hacia todos los luchadores sociales en México, ya que con esto se demuestra que el paramilitarismo y los asesinos que andan cometiendo fechorías por las calles, tienen el apoyo de la ley.
“¿Cómo queda la Procuraduría General de la República, con dar un revés a la averiguación previa sobre el asesinato a dos activistas de los derechos humanos? La justicia en México no existe y sólo se aplica a la gente pobre, a los campesinos, pero a los grupos paramilitares como el Ubisort, que estuvieron al mando del gobierno tirano de Ulises Ruiz Ortiz no les hacen nada, ya que el ex gobernador los está apoyando”, señaló el líder social.
Por su parte, Jorge Albino Ortiz, fundador del municipio Autónomo de San Juan Copala, señaló que cómo es posible que después de presentar testimonios, pruebas de más de 15 muertes que cometió el grupo paramilitar de la Ubisort, ahora la PGR dice que no sirve la averiguación previa; esto es un caso más de impunidad, donde el asesino tiene todos los privilegios.
“Yo creo que esta noticia de la PGR sobre el caso Copala, de nueva cuenta prende un foco rojo de alerta en la región Triqui, ya que hay muchas personas que no están de acuerdo con estas declaraciones que ha hecho este órgano de supuesta justicia, ya que más de 15 muertes no pueden quedar impunes sin ser castigadas”, dijo el líder triqui.
Finalizó el fundador del Municipio Autónomo, que estarán convocando a la movilización, acciones de protestas a nivel internacional, nacional, estatal y regional, para exigir a la PGR inicie de nueva cuenta la misma averiguación previa y así poder fortalecerla para que se detengan a los responsables de los diferentes asesinatos cometidos en la región Triqui.
La única esperanza es Gabino Cué: MAIZ
Omar Esparza Zárate, líder del Movimiento Indígena Zapatistas y esposo de Betty, mencionó que ayer se cumplieron 8 meses de esta agresión, donde murió su esposa Alberta Cariño y Jyri Jacoola; y hasta la fecha, el gobierno federal, a través de la PGR, sólo le ha dado vueltas al asunto y no se han dedicado ellos a investigar este caso de fondo, desconociendo el interés que tienen de que los responsables no sean presentados ante la justicia.
Señaló que “ya no creemos en ningún gobierno; la PGR, con su mala integración está permitiendo que los paramilitares de la Ubisort continúen haciendo de las suyas, ya que sabemos que el juez filtró toda la información al gobierno de Ulises Ruiz, para poder enviársela a los de la Ubisort y así ellos poder defenderse; pero todavía confiamos en nuestro último recurso, que es el gobierno de Oaxaca, encabezado por Gabino Cué, quien se ha comprometido con el pueblo Triqui, a castigar a los responsables”.
Dijo que para el verdadero pueblo Triqui hay nombres y apellidos, culpables de la muerte de más de 15 personas en la región y son: Rufino Juárez Hernández, Antonio Cruz y Ulises Ruiz Ortiz, por lo que piden castigo.
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Publicado por en 28/12/2010 en Municipio Autonomo de san Juan Copala

 

Desecha juez averiguación de caso Bety Cariño y Jaakkola

Enviado por ohernandez el 27 Dic 2010 – 00:21.                                                             Principal San Juan Copala Política Oaxaca

Jyri Jaakkola y Bety Cariño asesinado por UBISORT el 27 de abril de 2010
Jyri Jaakkola y Bety Cariño asesinado por UBISORT el 27 de abril de 2010

La averiguación previa que consignó la Procuraduría General de la República (PGR), por el asesinato de los activistas, la mexicana Beatriz Alberta Cariño Trujillo y el finlandés Jyri Jaakkola Antero sucedido el 27 de abril pasado, fue desechada por un juez por las deficiencias en su integración.
En una carta, con el respaldo de organizaciones sociales, la familia de la fallecida dirigente del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS), expuso que la averiguación previa iniciada por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) fue atraída por la PGR e inició la indagatoria PGR/DGCAP/DF/060/2010, a través de la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo.
Pero, subrayó que un juez rechazó a la PGR a la averiguación previa por las evidentes incorrecciones y así se ha permitido a los autores materiales e intelectuales de este doble crimen, seguir gozando de impunidad.
Es preocupación de cientos de organizaciones y personalidades alrededor del mundo —subrayó— que “este condenable hecho de sangre quede sin ser aclarado y que los asesinos de Bety y Jyri queden sin el castigo que se merecen”.
Ante esto, exigió de manera enérgica a la PGR a que la brevedad posible realice las actuaciones necesarias para integrar debidamente la averiguación iniciada y una vez integrada, sea consignada a un juez y se liberen las órdenes de aprehensión en contra de los responsables materiales e intelectuales de estos homicidios.
No deja de ser preocupante la actuación de la PGR porque por un lado “muestra un extraño celo para perseguir a luchadores sociales y por otro lado, expresa indolencia y apatía en el castigo a los asesinos de defensores de derechos humanos y luchadores sociales”, señaló.
La carta, está suscrita por la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP), el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC) y el Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS).
El señalamiento
Omar Esparza Zárate, esposo de Beatriz Alberta Cariño Trujillo y también miembro de CACTUS, acusó que los autores intelectuales y materiales del asesinato de su cónyuge y de Jaakkola Antero, son Rufino Juárez, Ramiro Domínguez, Antonio Cruz “Toño Pájaro” y Anastacio Juárez, dirigentes y pistoleros de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort).
por OCTAVIO VÉLEZ ASCENCIO

 
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Publicado por en 28/12/2010 en Municipio Autonomo de san Juan Copala

 

El difundo Profr: Julian Ramírez Martínez era un sicario al servicio de Movimiento de Unificación y Lucha Triqui MULT que masacró a la Comunidad de San Miguel Copala en 2002


Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Viernes 22 de marzo de 2002   

Denuncian triquis operación de grupo paramilitar MULT en Putla, Oaxaca

Centro regional de derechos humanos pide al gobierno federal acciones urgentes para evitar matanza

VICTOR RUIZ ARRAZOLA CORRESPONSAL

Oaxaca, Oax., 21 de marzo. Habitantes triquis y el Centro Regional Indígena en Derechos Humanos (Ceridh) denunciaron la existencia de un grupo presuntamente paramilitar en San Miguel Copala, municipio de Putla de Gue-rrero, que se dedica a la expulsión de vecinos, al secuestro de pobladores y a golpear y amenazar de muerte a los comuneros.    

El Ceridh, con sede en la capital de Oaxaca, solicitó acciones urgentes del presidente Vicente Fox Quesada; del secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, y del gobernador José Murat para evitar que esta camarilla efectúe alguna matanza.             

Cástulo Juvenal López, de la Comisión Jurídica del Ceridh, comentó que a raíz de una emboscada que perpetraron en julio pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a los gobiernos federal y estatal medidas cautelares para los agredidos y para los habitantes de la comunidad, pero “éstas no se realizaron”. Tampoco la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde presentaron una queja, ha intervenido, al aducir que el asunto le compete a la Procuraduría de Justicial local.

Agresiones recientes del MULT

Señaló que las recientes agresiones de este grupo ocurrieron el domingo pasado, cuando lesionaron a tres mujeres. Cerca de las 17 horas de ese día, relató, los presuntos paramilitares Paulino Salazar Allende, Ignacio Salazar Ramos y Juventino y Justo Quiroz Cruz, portando armas de uso reservado al Ejército, entraron con violencia a la casa de Ignacio Leobardo Cruz, quien desde principios de mes huyó de la comunidad ante el hostigamiento.     

 Como sólo encontraron a su esposa, María Antonia Sánchez, y a su hija Alfreda, “les preguntaron dónde se encontraba” su familiar “para matarlo”. Al contestarles que no sabían, a la señora le fracturaron el brazo y le hicieron un herida profunda en la cabeza. A la joven le fracturaron una pierna.   

 De allí, los agresores fueron a la casa de Alfonso Francisco Martínez, quien tampoco se encontraba, por lo que arrastraron de los cabellos a su esposa, Petra Solano.    

Acompañado de los indígenas triquis Roberto Cárdenas Rosas, Pedro Ignacio Hernández Rosas, Ignacio Leobardo Cruz e Inocencio Ignacio de Jesús, Cástulo Juvenal relató que desde enero de este año el grupo paramilitar ha cometidovario,silícitos              .                                                                                                                       

El primero ocurrió el 17 de enero cuando, a la una de la madrugada, fue baleada la casa de Ignacio Leobardo Cruz.   

Diez días después, en San Miguel Copala, fueron secuestrados los indígenas triquis Pedro Hernández Bautista, Pedro Ignacio Hernández Rosas, Emilio Santos Vásquez y Alfredo Velásquez, por aproximadamente 20 individuos armados y vestidos con chamarra y pantalón negro.

Las víctimas fueron introducidas a la casa de Julián Ramírez Martínez, uno de los presuntos paramilitares, donde los amarraron, golpearon y les exigieron 15 mil pesos a cada uno para ser liberados. Después los llevaron al paraje Paso del Aguila y los liberaron bajo la amenaza de que en 15 días pagaran la cantidad solicitada o serían ejecutados.

Al ser liberados acudieron al Ministerio Público de Putla de Guerrero, para presentar la denuncia que quedó asentada en la averiguación previa 19/2002.

El 17 de febrero secuestraron a Félix Cruz Galindo y Albino Cruz Galindo, quienes fueron también llevados a la casa de Ramírez Martínez. Además de éste, fueron identificados como golpeadores Armando Salazar Vásquez, Pedro Francisco García Ortega, Ramón Celestino Vásquez, Alfredo Velásquez y la autoridad de la comunidad, Raúl Rufino Santos Pérez.

Al día siguiente salió de la comunidad la señora Carmen Martínez Aguilar con sus hijos, por miedo a las amenazas de violación y muerte, y por el terror de los niños a los tiroteos que se escuchan con frecuencia, dijo. Los agresores impiden salir a otras 20 familias para evitar que presenten denuncias ante las autoridades judiciales, dijeron los denunciantes.

Cástulo Juvenal recordó que este grupo emboscó el 9 de julio de 2001, en el paraje La Muralla de Tierra, de San Miguel Copala, a Teódulo Francisco Vásquez Catarino, al profesor Juan Ramírez Vásquez, y a Roberto Cárdenas Rosas, cuando se dirigían a su comunidad. El primero murió en el acto, el segundo un día después, y el único sobreviviente, Cárdenas Rosas, estuvo hospitalizado 15 días por las heridas en tórax y abdomen provocadas por los tiros.

Tanto Ramírez Vásquez como Cárdenas Rosas identificaron como autores del atentado a Justo Teófilo Santos de Jesús, Emilio Santos Vásquez, Justo Quiroz Cruz, Paulino Salazar Allende, Gregorio Pascual Hernández Santos y Julián Ramírez Martínez, entre otros.

Un día después se presentó una denuncia ante el Ministerio Público de Putla de Guerrero, radicándose con el número 162/2001. El 13 de julio, el juez mixto de primera instancia del mismo lugar libró la orden de captura contra los agresores, originándose el expediente penal número 39/2001. No obstante, éstos siguen libres, indicó el asesor del Ceridh.

Se recurrió al entonces alcalde de Putla, Ulises Mota Sánchez, a la CEDH, que consignó el asunto en el expediente CEDH/618/(18)/OAX/2001; al secretario general de Gobierno del estado y al subsecretario de desarrollo político, “quienes nos canalizaron a la Procuraduría de Justicia estatal”, concluyó Cástulo Juvenal.

 

 
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Publicado por en 05/12/2010 en Municipio Autonomo de san Juan Copala

 
 
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