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Archivos Mensuales: febrero 2011

Lamentan en Copala que no se apliquen medidas cautelares

 Pag. PricipalEnviado por ohernandez el 18 Feb 2011 – 01:11.

El Municipio Autónomo de San Juan Copala lamentó que el Estado mexicano no haya aplicado las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 7 de octubre del 2010, a pesar de los eventuales riesgos de agresión hacia la población.

En un comunicado, suscrito con los peticionarios, el Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, el Foro Permanente por la Comisión de la Verdad y el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, la autoridad autónoma reprobó que el Estado mexicano haya sido omiso en su cumplimiento, sobre todo frente a las recientes muertes suscitadas contra comunidades igualmente con medidas cautelares emitidas por la CIDH.

Explicó que los beneficiarios y las organizaciones peticionarias conjuntamente con el Estado mexicano, tuvieron el pasado día 11 una cuarta reunión para implementar las medidas cautelares, donde se discutió principalmente la propuesta del retorno de desplazados a San Juan Copala

Además de exigir garantizar los derechos de seguridad, justicia, derecho a la residencia y vivienda, a la alimentación, a la educación, a la salud, al libre tránsito, a la reparación del daño y al reinicio de las actividades de instituciones y programas de beneficio social en el marco del derecho internacional humanitario.

También, subrayó que se informó a los funcionarios de la Secretaria de Seguridad Pública de la presencia de paramilitares armados en las inmediaciones del campamento de desplazados del zócalo, bajo las órdenes de Antonio Cruz, Toño Pájaro, uno de los operadores y responsables directos de la masacre del 27 de abril del 2010 donde murió Alberta Cariño y el finlandés Jyri Jakkola.

Sin embargo, observó que el Estado mexicano aún no tiene una propuesta firme para el retorno de los desplazados por el conflicto en San Juan Copala.

Ante esto, exigió instrumentar de inmediato las medidas necesarias para garantizar la integridad física y psicológica de los desplazados del Municipio Autónomo de San Juan Copala.

por OCTAVIO VÉLEZ ASCENCIO

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Publicado por en 19/02/2011 en Municipio Autonomo de san Juan Copala

 

Eurodiputados darán seguimiento a caso de finlandés muerto en Copala Oaxaca

http://www.proceso.com.mx

Gloria Leticia Díaz
MEXICO, DF, 16 de febrero (apro).- Familiares de los activistas Beatriz Cariño y el finlandés Jyri Jaakkola, asesinados el 27 de abril de 2010 en Oaxaca, exigieron al gobierno de Felipe Calderón el esclarecimiento de los homicidios y anunciaron la conformación de una comisión de integrantes del Parlamento Europeo para la vigilancia de las indagatorias.
    Jaakkola y Cariño fueron asesinados al formar parte de una caravana humanitaria que pretendía llevar víveres y medicamentos a San Juan Copala, declarado desde 2006 municipio autónomo por los habitantes indígenas triquis, y que estaba sitiado por grupos paramilitares vinculados al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
    Días después de los asesinatos, la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca (PGJE) se declaró incompetente para llevar la investigación del caso y lo turnó a la Procuraduría General de la República (PGR).
En conferencia de prensa en la Ciudad de México, los padres de Jyri, Eeve y Raimo Jaakkola, dijeron que “con tristeza” advirtieron que, desde agosto del año pasado que vinieron a México a revisar el avance de las investigaciones, “no hay nada nuevo y tampoco hay detenidos”.
    Los padres del activista finlandés señalaron que el caso de su hijo ha despertado el interés de organizaciones de derechos humanos europeas, así como de eurodiputados, que han mostrado su disposición para conformar una comisión de supervisión de las investigaciones.
    “Al regreso a Finlandia, nos reuniremos con eurodiputados para informar lo ocurrido y empezaremos a trabajar en la conformación de la comisión”, informó Eeve Jaakkola.
    Luego de señalar que su visita a México cuenta con el respaldo del gobierno de Finlandia y de la representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Catherine Ashton, la madre del activista puntualizó que es su deber “confiar en que el gobierno de México va a esclarecer el homicidio de mi hijo; de lo contrario, sabemos que hay mecanismos internacionales a los que podemos recurrir para que eso ocurra”.
    Los familiares de ambas víctimas ya tuvieron reuniones con personal de la PGR y de las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación, en tanto que está pendiente un encuentro con el gobernador Gabino Cué.
    Por su parte, Omar Esparza, viudo de Beatriz Cariño, aseguró que espera que el nuevo gobernador oaxaqueño “cumpla su promesa de colaborar de forma decidida en el esclarecimiento de las muertes, y creo que para demostrar su voluntad tendría hasta el 27 de abril; si no hay respuesta de su parte, nosotros seguiremos exigiendo justicia, pero sabremos de antemano que no contamos con él”.
    Esparza puntualizó que los grupos paramilitares que atacaron a la caravana humanitaria mantienen el respaldo de los grupos priistas que los han auspiciado.
    También integrante de la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP), Esparza destacó que en la región triqui “hemos contabilizado 27 de estos grupos que operan en Oaxaca”.
    Hasta ahora, aclaró, unas “700 personas huyeron de San Juan Copala y sólo 137 cuentan con medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Luego advirtió que “ante la violencia que han demostrado los grupos paramilitares, responsabilizamos a los gobiernos estatal y federal de lo que ocurra con los triquis que han salido huyendo de Copala”.
En su turno, David Peña, representante de Amnistía Internacional (AI) en México, señaló que hasta el momento la PGR se ha negado a dar protección a los testigos del ataque a la caravana humanitaria, ya que alegó que ello “sólo se hace en casos de delincuencia organizado, sin considerar que los atacantes forman parte de un grupo paramilitar cuyas actuaciones encuadran en ese delito”.
    El representante de AI agregó que, “en diciembre del año pasado, la PGR pidió algunas órdenes de aprehensión contra ese grupo, formado por unas 18 personas, pero el pliego de consignación estaba tan mal que el juez negó las detenciones”.
Peña explicó que hay serias contradicciones en la actuación de la PGR, al grado que ha delegado las investigaciones en los representantes de las víctimas.
    Enseguida consideró que “es una mala señal que los casos de defensores de derechos humanos se mantengan en la impunidad en México, a pesar de las recomendaciones de organizaciones internacionales y de la preocupación manifiesta de eurodiputados”.
    Finalmente, puntualizó que el desdén por resolver los casos de Jyri Jaakkola y Beatriz Cariño, “por desgracia en México no es la excepción sino la regla, y eso es una mala señal, ya que incentiva a que ocurran mayores agresiones a defensores con la certeza de que no pasará nada”.

 
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Publicado por en 16/02/2011 en Municipio Autonomo de san Juan Copala

 

Denuncian omisión del gobierno en caso de desplazados de San Juan Copala

por La Redacción http://www.nssoaxaca.com
Ciudad / Oaxaca | Martes, 15 de Febrero de 2011 09:19 hrs.

Proceso

Organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron que, a cuatro meses de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares a favor de indígenas triquis desplazados de San Juan Copala, el Estado mexicano ha sido omiso en su cumplimiento.

El Centro de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, el Foro Permanente por la Comisión de la Verdad y el Centro de Asesoría a Pueblos Indígenas exigieron este lunes a las autoridades competentes instrumentar de inmediato las medidas necesarias para garantizar la integridad física y psicológica de los desplazados del municipio autónomo.

Durante la cuarta reunión que en esta capital sostuvieron representantes de los gobiernos federal y estatal con representantes de esos organismos, los peticionarios y beneficiarios de las medidas cautelares MC-197-10 que emitió la CIDH demandaron acelerar su cumplimiento, a fin de evitar enfrentamientos como el ocurrido en días recientes entre pobladores de Zimatlán de Lázaro Cárdenas y San Sebastián Nopalera, que dejó un saldo de ocho muertos y 13 heridos. Además, hicieron hincapié en que con ésta “se han realizado ya cuatro reuniones y aún no hay una propuesta firme para el retorno de los desplazados por el conflicto en San Juan Copala”.

Asimismo, informaron a funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública de la presencia de paramilitares en las inmediaciones del campamento de desplazados ubicado en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca, y exigieron medidas para garantizar su seguridad.

Mencionaron que “los paramilitares armados obedecen las órdenes de Antonio Cruz, Toño Pájaro, uno de los operadores y responsables directos de la emboscada del 27 de abril de 2010, en la que perdieron la vida los defensores Alberta Cariño y el finlandés Jyri Jakkola.

Según los organismos, en la reunión se discutió el retorno de desplazados del municipio autónomo de San Juan Copala, por lo que urgieron al Estado mexicano garantizar los derechos de seguridad y justicia, derecho a la residencia y a la vivienda, a la alimentación, educación, salud, libre tránsito y reparación del daño, así como al reinicio de las actividades de instituciones y programas de beneficio social, en el marco del derecho internacional humanitario. Por separado, Amnistía Internacional informó que los padres de Jyri Jaakkola arribaron a México para conocer el estado que guardan las investigaciones sobre el caso de su hijo.

 
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Publicado por en 15/02/2011 en Municipio Autonomo de san Juan Copala

 
 
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